EL DELITO DE DENUNCIA FALSA: LA LEY NO PERMITE ACUSAR ALGUIEN FALSAMENTE Y QUEDAR IMPUNE

Acusar a una persona es fácil. Todo el mundo puede ir a una comisaría y presentar una denuncia contra cualquiera, aunque este no haya hecho nada. Los motivos pueden ser personales, económicos, familiares… Algunos delitos no necesitan una importante carga de prueba, y sólo con la denuncia se puede iniciar un calvario para la persona injustamente acusada.  Pensamos por ejemploen las denuncias por maltratos a las parejas o ex-parejas. En ocasiones estas acusaciones se basan en hechos que pasan dentro de la esfera familiar, de forma que no es difícil construir un relato creíble y perjudicial.

Por este motivo los tribunales son consciente de los peligros de denuncias falsas en esta esfera de delitos (Sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz  54/2014 de 29 de junio):

El ámbito de la violencia de género y de las relaciones conyugales y de pareja se ha convertido por desgracia, en el centro de atención en cuanto a lo que a las denuncias falsas se refiere. Las penas existentes en caso de denuncia falsa, la protección de la víctima, el rechazo social al maltrato y la aceleración de las consecuencias civiles en casos de divorcio cuando media violencia, han provocado que presuntas víctimas sin escrúpulos usen y abusen de la Ley de Violencia como herramienta, defraudando el espíritu de la Ley al objeto de favorecer sus intereses en la tramitación de un divorcio, intentando conseguir situaciones más ventajosas. Afortunadamente no son muchos los casos, pero estos existen.

 

Si el denunciado consigue hacer prevalecer su inocencia, no todo acaba bien. Un proceso de este tipo supone un importante impacto personal, un gasto económico y un agravio por la reputación. Mientras que el denunciante sólo ha tenido que invertir el tiempo de la denuncia.

Para prevenir y sancionar estos casos el Código Penal a su artículo 456 incluye el delito de denuncia o acusación falsa. Este delito busca perseguir conductas que perjudiquen el buen funcionamiento de la Administración de justicia, obligando a malgastar el tiempo y los recursos de los tribunales en unos hechos falsos, y al mismo tiempo resarcir el honor del denunciado.

Este delito pide los siguientes requisitos para poderse aplicar (sentencias 190/2014 Audiencia Provincial de Sevilla y 564/2016 de la Audiencia de Zaragoza):

  • Hace falta que la persona denunciando conozca la falsedad de los hechos que expone. En este sentido es suficiente para constituir el delito que el denunciante se pueda figurar que los hechos son falsos o actúe con temerario desprecio a la verdad. Un ejemplo sería denunciar hechos que no se han visto o que los han explicado terceras personas. También sería falsedad que el denunciante diga que tuvo una relación sentimental con el denunciado sin ser cierto (sentencia Audiencia Provincial de Ciudad Real 114/2014 de 30 de septiembre).
  • Hace falta que la acusación se haga directa y explícitamente contra una persona o personas determinadas, no que se exprese una simple sospecha.
  • Hace falta que se hayan denunciado hechos que constituyan un ilícito penal.
  • Hace falta que la denuncia o la acusación se hagan ante funcionario que tenga la obligación de investigar estos hechos (puede ser tanto denuncia a la policía como declaración ante un juez, por ejemplo).
  • Hace falta que el acusado sea absuelto por sentencia firme o por resolución judicial que acuerde el sobreseimiento.

Si se dan estas circunstancias se está ante una denuncia falsa y, aunque la justicia haya esclarecido finalmente los hechos, se ha causado un perjuicio a la vida y la reputación del perjudicado. Es por eso que recomendamos a todas las personas que hayan sufrido una situación como esta que se ponga en contacto con CALDUCH ABOGADOS para conseguir la asistencia jurídica que necesita.

ES UN ACCIDENTE LABORAL AUNQUE HAYA HECHO GESTIONES PERSONALES DURANTE EL TRAYECTO

La Ley General de la Seguridad Social (artículo 156) define los accidentes laborales como cualquier lesión corporal que sufra un trabajador o trabajadora en relación con el trabajo que realiza por cuenta ajena. Eso incluye tanto los accidentes que se tienen a consecuencia o por causa del trabajo, como los que se padecen durante los desplazamientos, yendo o viniendo del lugar de trabajo. La ley prevé expresamente que cualquier accidente que suceda en estos casos es de naturaleza laboral, y por tanto ha de ser reconocido como tal a efectos legales. Por ejemplo para las declaraciones de invalidez temporal o permanente.

 

Siempre es necesario que estos accidentes no sean por causa del propio trabajador, ya sea por dolo o negligencia.

 

¿Porqué los desplazamientos al lugar de trabajo se consideren accidentes laborales, cuando uno pensaría que son en realidad hechos anteriores o posteriores a iniciar la jornada?

 

Eso es porque la jurisprudencia ha considerado que estas eventualidades derivan de la obligación de ir al puesto de trabajo. Es decir, o bien estás obligado a ir, o bien necesitas volver a casa después de haber ido (Sentencia del Tribunal Supremo 19 de enero de 2005, recurso 6543/03). Por eso se habla de accidentes de trabajo in itinere (en el desplazamiento).

 

Un accidente durante este trayecto sólo se considera accidente de trabajo si cumple una serie de requisitos:

 

  1. El primero, cómo hemos dicho, es que el accidente ocurra durante un trayecto impuesto por el deber de ir al trabajo desde nuestro domicilio, o a la inversa: volver al domicilio desde el lugar de trabajo (requisito teleológico o de causa). Es decir, hace falta un viaje de un lugar al otro el nexo causal del cual sea la obligación de trabajar. Si un accidente se produce yendo o viniendo del trabajo para ir a otro lugar, muy posiblemente un tribunal no lo considerará accidente de trabajo.
  2. El segundo, que se trate de un trayecto habitual (requisito geográfico). Es decir, que sea la ruta diaria acostumbrada que se sigue cada día para ir y venir del trabajo a casa.

 

  1. El tercero, que el accidente se produzca dentro del periodo temporal habitual que requiere este desplazamiento (elemento cronológico). Es decir, hace falta que este tiempo no se interrumpa o se prolongue indebidamente y tenga la duración normal.

 

  1. Que el viaje se haga con el medio habitual de transporte (elemento de idoneidad del medio). No hace falta que sea un vehículo propiedad del trabajador (podría ser yendo en autobús o en tren, por ejemplo), sólo que sea el que se usa habitualmente.

 

Es decir, es necesario que el accidente concurra durante(o como causa de) un desplazamiento motivado para ir al trabajo, que se produzca siguiendo la ruta habitual y que suceda durante el tiempo medio estimado que se necesite para hacer ese trayecto habitualmente. Si algún elemento interrumpe esta cadena, el accidente podría perder la categoría de laboral. Pero hay que ser consciente que la ley es flexible y que los tribunales permiten un margen de apreciación. Hay que tener presente que los jueces consideran sólo comointerrupción importante aquella que sucede por voluntad del trabajador, y no las fortuitas (por ejemplo, encontrarse con una retención de tránsito).

 

Por ejemplo, en un caso muy reciente, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura desestimó considerar un accidente de tráfico como accidente laboral (caso de una trabajadora que sufrió un accidente de autobús yendo de casa al trabajo), por considerar que, al haberse parado un momento para comprar yogures en una tienda se había interrumpido el nexo causal. Esta sentencia fue apelada y el Tribunal Supremo (sentencia 409/2018, de 17 de abril) ha dicho que una demora del trayecto por menos de una hora por causa de un asunto exclusivamente personal es irrelevante. Por tratarse de una gestión intermedia razonable que responde a criterios de normalidad y a patrones usuales de conducta. Por lo tanto esa pausa no se considera interrupción extraordinaria del trayecto. Es importante tener en cuenta que, en otras sentencias, el Supremo ha resuelto que es indiferente si esa gestión personal irrelevante se realiza antes o durante el trayecto (Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de diciembre de 2017).

 

Esta sentencia sigue la vía jurisprudencial ya marcada por resoluciones anteriores en las que el Supremo ha flexibilizado el concepto de accidente de trabajo siempre que el trayecto se mueva dentro de los márgenes del que es normal o habitual.

 

Por lo tanto, en caso de encontrarse con que se ha sufrido un accidente yendo o viniendo del trabajo al domicilio habitual, hace falta que tengamos presente que se trata de un accidente laboral. Y que la persona que lo ha sufrido tiene derecho a que se le reconozca esta condición por la seguridad social, con los beneficios que comporta.

 

No hay que desanimarse tampoco si la Seguridad Social no reconoce de entrada el carácter laboral del accidente. Existen recursos administrativos y judiciales para conseguir que cambie esta situación. Es muy importante, pero, buscar asesoramiento legal desde el primer momento. Por eso recomendamos que, todo el mundo que tenga un problema de este tipo se ponga en contacto con CALDUCH ABOGADOS. Estamos a su servicio.

JORNADAS ‘POR UN AIRE LIMPIO’

El pasado fin de semana se celebró en Ponferrada (León) el VIII encuentro estatal de Plataformas antiincineración al que tuve el honor de asistir como ponente.

El tema de mi intervención versó sobre recursos jurídicos en la impugnación de Autorizaciones Ambientales Integradas (AAI) de las cementeras en las que básicamente repasé las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que he ganado sobre esta materia.

Especial interés despertaron las sentencias contra Lafarge en Montcada en que se anuló la licencia de actividad de la mencionada cementera, confirmada más tarde por el supremo.

Igualmente también destacó la sentencia contra el vertedero y proyecto de incineradora de l’Alcora, que tras la batalla jurídica no solo no pudo construir la incineradora sino que tuvo que cerrar la actividad. Efectivamente el hecho de no disponer de AAI motivó que su funcionamiento no estuviera adaptado a la normativa ambiental estatal y comunitaria y por ello no pudiera mantener su actividad.