Cementera Lafarge Holcim
Montcada i Reixac · Barcelona
TSJC, Tribunal Supremo y Juzgado de Instrucción nº 27 de Barcelona. Autorizaciones ambientales anuladas con firmeza y querella penal activa contra excargos autonómicos.
Especialidad · Derecho Ambiental
El derecho ambiental es el conjunto de normas que regulan la relación entre la actividad humana y el entorno natural: prevenir y sancionar la contaminación, conservar los ecosistemas y reparar el daño causado por vertidos, emisiones, ruidos o usos abusivos del territorio. Es una materia técnica, con normativa europea, estatal y autonómica superpuesta, y por eso exige un despacho especializado.
Albert Calduch Estrem, colegiado en el ICAR, ha construido una de las trayectorias más sólidas del país en esta materia. Su método se distancia del contencioso-administrativo tradicional: combina la anulación de licencias con la exigencia de responsabilidad penal a las autoridades y técnicos que las concedieron, por prevaricación administrativa, falsedad documental y delito ecológico.
Defendemos a particulares, plataformas vecinales, asociaciones, comunidades de regantes, ayuntamientos y empresas de toda España frente a actuaciones administrativas o industriales que ponen en riesgo el aire, el agua, el suelo, la salud pública o el patrimonio natural.
Servicios
Acusación y defensa en procedimientos penales por daños al medio ambiente, incluida la responsabilidad de cargos públicos.
Contaminación de cauces, saneamiento, vertidos industriales y tributos hidráulicos.
Vertederos, incineración, valorización energética y gestión de residuos industriales.
Parques eólicos, plantas fotovoltaicas, líneas de evacuación y fraccionamiento de proyectos.
Defensa frente a expedientes sancionadores de administraciones locales, autonómicas y estatales.
Autorizaciones ambientales, licencias de actividad y declaraciones de impacto ambiental.
Actividades molestas, mediciones sonométricas y vulneración de derechos fundamentales en el domicilio.
Asesoramiento y dirección letrada de colectivos vecinales y entidades de defensa del territorio.
Casos de referencia
Durante décadas, frenar una instalación contaminante dependía de recursos contencioso-administrativos de tramitación lentísima, lo que permitía que las plantas siguieran funcionando de facto al amparo de autorizaciones provisionales. Vincular la nulidad administrativa a la responsabilidad penal individual de quien firmó informes caducados o eludió conscientemente la evaluación ambiental rompe esa inercia.
Montcada i Reixac · Barcelona
TSJC, Tribunal Supremo y Juzgado de Instrucción nº 27 de Barcelona. Autorizaciones ambientales anuladas con firmeza y querella penal activa contra excargos autonómicos.
Rubí · Barcelona
El TSJC anuló la autorización ambiental concedida a Arrins. La instalación no puede abrir durante un mínimo de cinco años.
Huesca · Aragón
Demanda ante la Audiencia Nacional contra un proyecto de 55 millones de fondos Next Generation por fraude de ley en la exención de evaluación ambiental.
Tarragona
Acusación en el procedimiento penal por el vertido que causó la muerte de más de una tonelada de peces.
Mont-roig del Camp · Tarragona
Recurso ante el TSJC en nombre del GEPEC y de Unió de Pagesos contra la modificación del POUM por inviabilidad hídrica.
Mondoñedo, Teruel, Priorat y Madrid
Anulación de parques eólicos por irregularidades en la declaración de impacto ambiental y oposición a macroproyectos fotovoltaicos.
Sí. Es precisamente donde más ha crecido nuestra actividad: Madrid, Aragón, Galicia y procedimientos ante la Audiencia Nacional. La normativa ambiental es en gran parte estatal y europea, de modo que el conocimiento técnico es plenamente trasladable.
Es el término con el que denunciamos el despliegue masivo de macroinstalaciones renovables sobre suelo agrícola promovido por grandes grupos energéticos, que no responde a un modelo de autoconsumo o desarrollo territorial sostenible sino a esquemas de extracción patrimonial con fuerte impacto paisajístico y social.
Sí. La legislación ambiental reconoce una legitimación amplia, incluida la acción popular en materia ambiental para asociaciones que cumplan determinados requisitos. Ayudamos a constituir y estructurar la plataforma para que su posición procesal sea sólida.
Depende de la vía y de la prueba pericial necesaria. En la primera consulta le damos un presupuesto cerrado por fases y, cuando actuamos para colectivos, estudiamos fórmulas de reparto del coste entre los afectados.
Consultas frecuentes
Estos son los asuntos que llevamos con más frecuencia en esta área. Si su caso encaja en alguno, escríbanos y le decimos en la primera consulta qué opciones tiene y con qué plazos.
Atendemos consultas de Madrid, Barcelona, Tarragona, Reus, Zaragoza, Huesca, Valencia, Sevilla y del resto de España, presencialmente en Reus o por videollamada.
Primera valoración sin compromiso. Atendemos consultas de toda España por teléfono, WhatsApp o videollamada.