Durante los días 14 y 15 de octubre se celebró el juicio oral contra el exjefe de Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Generalitat, Emili Dragoné. El origen de esta causa penal se remonta al otorgamiento irregular de sucesivas autorizaciones ambientales en favor de la actividad industrial que desarrolla HOLCIM en la antigua cementera de Lafarge, en Montcada i Reixac.
La acusación de los vecinos de Can Sant Joan
Calduch Abogados, representando a la acusación particular conformada por la Associació de Veïns de Can Sant Joan, durante las sesiones celebradas en la Audiencia Provincial de Barcelona, expuso las múltiples irregularidades que se llevaron a cabo en el seno de la Dirección General de Calidad Ambiental de la Generalitat de Catalunya.
Nuestra parte imputa al investigado dos delitos: la presunta comisión de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente (art. 392.2 del Código Penal) y otro de incumplimiento de sentencias por funcionario público (art. 410 CP). La pena solicitada por la acusación particular asciende a seis años de prisión, tres por cada delito cometido. Asimismo, el Ministerio Fiscal también imputa al Sr. Dragoné un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente (art. 392.2 del Código Penal), solicitando la imposición de una pena de prisión de tres años.
El informe de los Mossos d’Esquadra
Durante la celebración de las sesiones se pudo constatar que el investigado realizaba todo tipo de argucias jurídicas para otorgar la autorización al precio que fuere, incluyendo la infracción de los preceptos más elementales del derecho ambiental y administrativo aplicable. De hecho, una de las declaraciones más reveladoras fue la del agente de los Mossos d’Esquadra que elaboró una investigación exhaustiva sobre la prueba pericial.
El agente confirmó, con contundencia, que el Sr. Dragoné era quien lo decidía todo y calificó su conducta como «imprudente» o «temeraria».
Con ello confirmó las tesis expuestas en su informe, en el que calificaba dichas actuaciones como irregulares. Del informe policial se desprende, además, que era el modo habitual de proceder en el seno de dicho organismo público: se indica que los hechos denunciados en la presente causa también sucedieron en otros cinco expedientes administrativos, todos ellos con la misma actividad industrial. Lo anterior es de extrema gravedad porque nos muestra un incumplimiento sistemático en cuanto al otorgamiento de autorizaciones ambientales a lo largo de la geografía catalana.
Más de 15 años de lucha vecinal
En conclusión, después de estar más de 15 años litigando contra la Generalitat y LAFARGE-HOLCIM, el hecho de conseguir que se juzgue a alguien por las múltiples irregularidades denunciadas desde entonces es una victoria ambiental, social y legal de los vecinos y vecinas de Can Sant Joan, que han luchado incansablemente junto con Calduch Abogados para que la ley sea efectivamente cumplida en Montcada i Reixac.
Eso sí, se trata de una pequeña victoria, porque el objetivo final es la condena del Sr. Dragoné, lo que sería el inicio de un proceso de reconocimiento y reparación por los impactos nocivos que sufren los ciudadanos de Montcada i Reixac por la actividad de la cementera.
Próximos pasos
El proceso se encuentra ahora a la espera de sentencia. Asimismo, también hay activos varios contenciosos ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya contra nuevas autorizaciones ambientales otorgadas a HOLCIM, nuevamente con incumplimientos de la normativa ambiental.
— Calduch Abogados