Abogado Administrativo en toda España

Los asuntos administrativos se ganan o se pierden en los plazos y en la prueba. Un recurso presentado fuera de término deja sin defensa un caso que era ganable, y una resolución aparentemente firme puede contener defectos de motivación, de competencia o de procedimiento que la hacen anulable. Revisamos cada resolución, requerimiento o expediente para detectar esos defectos.

Le representamos frente a administraciones locales, autonómicas y estatales en toda España, tanto en vía administrativa como en vía contencioso-administrativa, incluida la Audiencia Nacional. Es el terreno donde el despacho ha obtenido sus resultados más relevantes, con anulaciones firmes de autorizaciones concedidas por la administración.

Si su asunto tiene además una vertiente ambiental o administrativa, revise nuestra especialidad en derecho ambiental.

El mapa de plazos administrativos

Frente a un acto que no agota la vía administrativa: un mes para el recurso de alzada desde la notificación. Frente a uno que sí la agota: un mes para el potestativo de reposición o dos meses para el contencioso-administrativo.

Si la administración no responde, el silencio administrativo abre plazos distintos y, en la mayoría de los casos, tiene efecto desestimatorio. Conviene no esperar indefinidamente: la falta de respuesta también se recurre.

En expedientes sancionadores existe además el plazo de caducidad del propio procedimiento —habitualmente seis meses desde su incoación— y los plazos de prescripción de la infracción y de la sanción. Vigilar esos plazos es a menudo más eficaz que discutir el fondo del asunto.

Suspensión cautelar: cómo parar la ejecución mientras se litiga

Los actos administrativos son inmediatamente ejecutivos, de modo que recurrir no paraliza por sí solo una multa, un derribo o un cierre. Para eso hay que solicitar expresamente la suspensión cautelar.

El tribunal la concede cuando la ejecución podría causar perjuicios de reparación imposible o difícil, ponderando ese daño frente al interés general. Una solicitud bien construida acredita el perjuicio con datos concretos —económicos, ambientales o personales— y no con afirmaciones genéricas.

En materia ambiental y urbanística la medida cautelar es especialmente decisiva: cuando una obra se ejecuta o un vertido se consuma, la sentencia posterior, aunque sea favorable, llega tarde para el bien que se pretendía proteger.