LA NULIDAD DE LAS TARJETAS REVOLVING.

Como conseguir la devolución de los intereses pagados en este
tipo de créditos.

Hoy en día muchos bancos ofrecen a sus clientes sistemas de crédito
revolving. Este es un sistema por el cual la entidad concede una línea de
crédito con un importe máximo del cual se puede hacer uso durante un
periodo determinado. El usuario establece la cuota que desea pagar todos
los meses, cantidad formada por parte del importe que utiliza más los
intereses generados por el importe dispuesto. En ocasiones este sistema
no requiere que el cliente tenga una cuenta corriente con el banco, y solo
necesita hacer llamadas telefónicas para que realicen ingresos a su
cuenta habitual.

En muchas ocasiones estos créditos se conceden con un tipo de interés
muy elevado, que se justifica en base al riesgo que corre la entidad
financiera. Esto hace que si alguien se atrasa al volver el préstamo, se
puede acabar encontrando que el banco le pide que vuelva el doble del
que prestó en su momento.

En realidad pero los consumidores no tienen que aguantar esta situación.
Existe una reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo considerando
que los intereses notablemente superiores a los normales son excesivos y
usurarios. Los intereses normales se calculan en base al interés mediano
ordinario de las estadísticas que publica el Banco de España. Para
identificar el que sería abusivo, la sentencia del Tribunal Supremo
628/2015 de 25 de noviembre consideró que un interés superior al
normal (en este caso un 24,6%) pero inferior a su doble ya era excesivo.

Solo se podrían permitir intereses tanto elevados en casos en que, por
ejemplo, el prestatario pretenda un negocio de elevado rendimiento pero
también de elevado riesgo, cosa que justificaría un interés proporcional al

peligro. Pero es evidente que en la mayoría de los créditos revolving no se
den estas circunstancias.

En base a su carácter abusivo e ilegal, una sentencia puede conseguir que
se declare nulo un préstamo con intereses de este tipo y no solo
conseguir que no se tengan que pagar los intereses que se deban, sino
aquellos que el cliente ha abonado desde el momento de la constitución
del préstamo. Por lo tanto se tendrá que volver la cantidad prestada, pero
no sus intereses.

  • En el caso de empresas o de préstamos por negocios.

La mayoría de la normativa sobre intereses usurarios deriva de la
legislación sobre consumidores (en términos legales, se consideran
usuarios las personas físicas o jurídicas que actúan en un ámbito diferente
al profesional o empresarial). Esto no evita pero que los préstamos
mercantiles se puedan beneficiar de la prohibición de la usura bajo ciertas
circunstancias. Así en aplicación de la Ley de 1908 sobre represión de la
usura se puede declarar la nulidad un negocio jurídico en estas
circunstancias:

  • Interés notablemente superior al normal y desproporcionado con las
    circunstancias al caso, o en condiciones que resulten abusivas.
  • Préstamo aceptado solo en base a la situación angustiosa, la
    inexperiencia o la limitación de facultades mentales. Si el préstamo
    es por una empresa, las circunstancias difíciles tienen que ser por la
    entidad, no por sus socios (aunque sean socios únicos).
  • Se suponga recibimiento mayor cantidad que la realmente
    entregada, sean qué sean su entidad y circunstancias.

Para poner un ejemplo, el Tribunal Supremo consideró que un préstamo a
seis meses, con un interés de demora del 30%, una garantía hipotecaria

superior a la cantidad prestada, cobro anticipado de intereses y situación
angustiosa del prestatario era usura.

Hay que demostrar todos estos puntos para que estemos ante un negocio
usurario. En conjunto pues los créditos revolving de las empresas también
pueden ser usurarios, pero con unos requisitos más estrictos.

Si usted ha contratado un préstamo revolving con un interés abusivo, no
se resigne a esta situación y reclame su derecho. CALDUCH ABOGADOS
dispone de abogados que pueden ayudarlo.

SI UN ACCIDENTE EMPEORA UNA LESIÓN ANTERIOR, ESTAMOS ANTE UN ACCIDENTE DE TRABAJO?

En un artículo anterior definimos qué es un accidente de trabajo y los
conceptos que engloba. Ahora bien, en ocasiones los accidentes de trabajo no son nuevas lesiones, sino una agravación de dolencias o problemas de salud ya existentes. En un caso como este, en que el trabajo no causa un nuevo perjuicio, sino que agrava un problema ya existente, ¿se puede hablar de accidente de trabajo?

Aquí tenemos que partir del estudio del artículo 115 de la Ley General de
la Seguridad Social. En su apartado 2.f la norma dice que se considera
accidente de trabajo:

f) Las enfermedades o defectos, padecidos con anterioridad por el
trabajador, que se agraven como consecuencia de la lesión
constitutiva del accidente.

Es importante destacar que una lesión se considera accidente laboral
aunque no haya una falta de seguridad o de higiene en el sitio donde se
prestan servicios. Hace falta solo que las tareas encomendadas causen
una lesión o enfermedad que cause un perjuicio a la salud.

Tampoco es necesario que el accidente laboral afecte la parte del cuerpo
en la cual el trabajador tiene la dolencia. Con solo que esta lesión
empeore un problema que ya se sufre. Así por ejemplo es posible que al
romperse una pierna en una caída al trabajo se empeore una lesión
preexistente a la columna vertebral.

Esto sucede también en el caso de las llamadas dolencias o lesiones
silentes. Es decir, el caso de una dolencia que se desconocía en el
momento del accidente. Pensamos que en ocasiones algunos problemas
(como lesiones lumbares que se manifiestan después de años de trabajo
físico) no causan molestias graves hasta que no se sufre una lesión
laboral que las empeora.

Sentencia del Tribunal Suprem de 3 de juliol de 2013

Es cierto que el trabajador ya padecía lesiones degenerativas en su
columna vertebral antes del accidente. Pero esa patología no le
había mermado sus facultades para ejercer las labores propias de la
profesión que ejercía -no consta siquiera la existencia de bajas
anteriores a causa de esas dolencias- y después del accidente
quedó incapacitado. El supuesto aparece así como paradigma del
mandato legal: lesiones anteriores al accidente que se agravan a
consecuencia del sufrido en el desempeño del trabajo

Los efectos de una lesión no se hacen evidentes a veces hasta meses
después del accidente, pero que el concepto de accidente laboral también
incluye las secuelas, por lo tanto estas situaciones también están
incluidas por la ley. Así lo dice el Tribunal Supremo:

(…) ser doctrina reiterada de esta Sala la de que es constitutiva de
accidente laboral toda agravación de cualquier enfermedad
preexistente que sufra el trabajador y se produzca con ocasión del
accidente (Sentencia de 15 de juliol de 2015).

No se debe minusvalorar la importancia de que una lesión se considere
como accidente de trabajo. En primer lugar porque la prestación por
incapacidad es más elevada en los casos de accidentes laborales. Después
porque en los casos en que la lesión o la dolencia laboral causan
incapacitado, la prestación que se obtiene resulta mejorada en un 30%.
Por último, pero no menos importante, muchos convenios colectivos
prevén beneficios por los accidentados. O incluso obligan la empresa a
tener seguros a favor de estos trabajadores.

Si tiene la duda de si una lesión se podría considerar laboral, le
recomendamos posarse en contacto con CALDUCH ABOGADOS para
conseguir asesoramiento jurídico.

LA REFORMA DE LA LEY DE ARRENDAMIENTOS, COMO ME AFECTA?

El 6 de marzo entra en vigor el Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de
Medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler. Esta norma busca
equilibrar la situación entre arrendador y arrendatario, y afrontar los problemas de la vivienda en España (escasez de alquileres disponibles, precios elevados). A continuación expondremos los principales cambios y cómo pueden afectar a los contratos de arrendamiento más habituales. Hay que tener presente, antes de empezar que este contrato afecta a todos los contratos existentes hoy en día, no sólo los que se firmen después de la entrada en vigor.

LA DURACIÓN DEL ALQUILER.
  • Prórroga de la duración: si el contrato se celebró por tres años
    (Como era la situación legal habitual antes de la reforma), cuando se
    cumple el trienio el contrata se prorrogará anualmente hasta los cinco años. Llegando hasta los siete años si el arrendatario es una persona jurídica. Excepto si el arrendatario indica treinta días antes que no tiene intención de renovarlo.
  • Si el contrato no tiene una duración determinada, se supone entonces
    que tiene una duración de un año. Y que se prorroga anualmente hasta los cinco.
  • Una vez llegados a los cinco años de alquiler, el contrato se prorroga
    tres años más (por plazos anuales). Esta prórroga es automática a menos que una de las partes pida el contrario con antelación. El preaviso es de cuatro meses (antes era de un mes).
CONDICIONES ECONÓMICAS.

La fianza sigue siendo de una sola mensualidad. Pero en los casos en que
la duración sea de cinco años, se pueden fijar garantías adicionales, siempre que éstas no tengan valor superior a dos mensualidades (como un
depósito o un aval bancario).

En lo referente al precio del alquiler, la ley establece que sólo se puede
modificar anualmente en base a las condiciones establecidas en el contrato. Y en el caso en que no se fije ninguna condición, se considera que el precio queda inalterable por la duración del contrato. En todo caso, se ha acabado el sistema de renovación automática de alquileres. El incremento anual no puede ser superior al IPC.

Sí da la posibilidad de actualizar los alquileres en base al Índice de
Garantía de Competitividad, pero siempre que no supere el IPC. si el
contrato establece un sistema poco claro o sin indicadores, habrá que aplicar este índice.

PAGOS A INMOBILIARIAS.

Actualmente cuando se encuentra una vivienda de alquiler a través de una
inmobiliaria, el inquilino suele pagar a ésta un mes de mensualidad a cambio de su servicio. Con la nueva reforma, estas gastos pasa a ser cargo del arrendador si es una persona jurídica. es decir, por personas físicas, se puede continuar con el sistema habitual.

INQUILINO DE BUENA FE, ARRENDADOR FALSO.

Una novedad de la ley es que los casos en que un inquilino contrate una
arrendamiento creyendo de buena fe, éste tiene valor legal. Siempre que la
persona que le arriende conste como tal en el registro de la propiedad, o que exista una apariencia de derecho que sea imputable al propietario actual. Estos contratos tienen una duración de cinco años.

DESAHUCIOS.

Cuando se presente una demanda de desahucio por impago de
alquileres, el juzgado concederá diez días al inquilino para pagar o desalojar la vivienda (o dar un motivo para no hacerlo).

El arrendador también puede indicar a la demanda que condonará todo o parte del deuda si el inquilino deja libre el inmueble en un plazo fijado (no inferior a 15 días).

Si se pide directamente el desahucio, no será necesario presentar demanda ejecutiva una vez se obtenga sentencia favorable a la demanda. Aunque el inquilino abandone la finca, el propietario puede pedir que se haga el desahucio igualmente. Esto sirve para que los oficiales del juzgado certifiquen el estado en que se encuentra la vivienda.

La nueva ley introduce otras novedades: la primera, que un desahucio ya
no se podrá hacer de improviso, sino que será necesario que el juzgado fije un día y una hora. Además, en caso de que el inquilino esté en situación de
vulnerabilidad, es necesario que previamente se informe a los servicios sociales, y se paralice el proceso por un mes hasta que éstos adopten medidas adecuadas (Tres meses si el demandante es persona jurídica).

En conjunto los cambios tienen suficiente importancia como para recomendar cualquier persona con dudas (ya sea inquilino o arrendatario) que se ponga en contacto con CALDUCH ABOGADOS si necesita asesoramiento.