¿Despedirme por mentir sobre si quiero tener hijos?

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NO SE PUEDE DESPEDIR TRABAJADORAS POR MENTIR SOBRE SI QUIEREN TENER HIJOS.

Las últimos décadas, el colectivo femenino se ha integrado razonablemente en el mercado laboral, pero todavía se encuentran con trabas. Un problema habitual es que las empresas quieren saber, antes de contratarlas, si  pretenden tener hijos. En caso de que la respuesta sea afirmativa, la empresa las rechaza, puesto que los permisos de maternidad reducen el rendimiento de las trabajadoras.

Algunas mujeres, ante esta pregunta (que afecta a su futuro laboral), responden que no planifican tener hijos. Más tarde, cuando se quedan embarazadas, la empresa las despide pretendiendo que ellas han actuado de mala fe.

Hay que decir aquí que la mala fe es un concepto jurídico indeterminado, una especie de “cajón de sastre” donde pueden entrar muchas  conductas diferentes. Es discutible si la mala fe es suficiente para justificar un despido. Las trabajadoras, en cambio, tienen un derecho constitucional  a no informar sobre su religión, estado civil, orientación sexual, ideas políticas, u otros asuntos de su esfera personal. Artículo 16 de la Constitución: *Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias). Este derecho les atribuye una facultad de resistir contra conductas contrarias su derecho. Y en este caso resistir es mentir.

Por lo tanto no sería causa de despido el decir una mentira a la pregunta “planea tener hijos durante el contrato de trabajo”, puesto que no hay ningún derecho a hacer esta pregunta. Si no es lícita la pregunta, tampoco es obligatoria una respuesta honesta. Esto forma parte del llamado derecho a la resistencia (ius resistendi), puesto que obligar una persona a informar sobre su esfera privada o familiar o comprometerse (a la práctica) a no tener hijos supone una coacción que no tiene por qué tolerar.

En conjunto, todos los trabajadores (y trabajadoras) deben recordar que un contrato o una decisión empresarial que perjudica sus derechos fundamentales es nulo y sin efectos. Y que ante un atentado de este tipo, pueden contar con los servicios de CALDUCH ABOGADOS para su defensa.

CUSTODIA COMPARTIDA

Custodia Compartida

CUSTODIA COMPARTIDA

La custodia compartida es el régimen de guarda de los menores de edad en los procesos de separación y divorcio de sus progenitores. Implica que ambos padres deben responsabilizarse y asumir las cargas de la educación, alimentación y cuidados de sus hijos.

Tradicionalmente se opone a la guarda y custodia exclusiva que comportaba que uno de los dos cónyuges (habitualmente la mujer si los hijos eran menores de 16 años) decidía sobre las situaciones cotidianas del menor o menores que quedaban a su cargo. El otro cónyuge seguía siendo titular de la Patria Potestad y por ello debían consultarle las cuestiones importantes y también informarle de lo que fuera aconteciendo pero, prácticamente, solo contaba con el derecho de visita los fines de semanas alternos y alguna tarde entre semana.

El modelo de custodia exclusiva a favor del otro cónyuge no ha desaparecido, si bien ha perdido la preferencia que le concedían los tribunales y el automatismo con el que se recorría a él una vez el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo analizaron la problemática y dictaminaron que el régimen de custodia compartida debía ser el normal y no el excepcional.

La forma más fácil y rápida de conseguirlo es que se pacte en el convenio regulador en el supuesto de ruptura de mutuo acuerdo. En ese caso podemos garantizar que prácticamente en todas las ocasiones los jueces lo adoptaran en la sentencia que ponga fin al proceso.

Como abogado especialista en derecho civil puedo afirmar que la ruptura sentimental no siempre puede encauzarse por los trámites del pacto y a veces las posiciones están tan enfrentadas que no hay más remedio que litigar. Aún en esos casos es posible conseguir la custodia compartida, incluso con el informe en contra del ministerio fiscal si el juez considera que ese es el interés superior del menor.

Que supone la custodia compartida?

Pues básicamente que los menores pernoctaran y vivirán cada semana con uno de sus padres, teniendo el otro la semana que no le toque unos días o unas tardes de visita, asumiendo ese progenitor los gastos de manutención y alimentación.

Los gastos de educación, lúdicos, médicos y los que pudiera haber con el carácter de necesario se reparten por mitad entre los dos progenitores.

Supone la extinción de la pensión de alimentos?

Pues no necesariamente. Los jueces siguen fijando una pensión de almenos a favor de la parte más débil, aunque la cuantía de la misma depende de las circunstancias.

Esta rama del derecho de familia es muy casuística, es decir depende mucho de las circunstancias de cada caso, por ello es importante que se asesore debido a que difícilmente se encuentran dos casos iguales.

Consulte hora de visita y le informaremos.

Albert Calduch
Abogado

EL DELITO DE DENUNCIA FALSA: LA LEY NO PERMITE ACUSAR ALGUIEN FALSAMENTE Y QUEDAR IMPUNE

Acusar a una persona es fácil. Todo el mundo puede ir a una comisaría y presentar una denuncia contra cualquiera, aunque este no haya hecho nada. Los motivos pueden ser personales, económicos, familiares… Algunos delitos no necesitan una importante carga de prueba, y sólo con la denuncia se puede iniciar un calvario para la persona injustamente acusada.  Pensamos por ejemploen las denuncias por maltratos a las parejas o ex-parejas. En ocasiones estas acusaciones se basan en hechos que pasan dentro de la esfera familiar, de forma que no es difícil construir un relato creíble y perjudicial.

Por este motivo los tribunales son consciente de los peligros de denuncias falsas en esta esfera de delitos (Sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz  54/2014 de 29 de junio):

El ámbito de la violencia de género y de las relaciones conyugales y de pareja se ha convertido por desgracia, en el centro de atención en cuanto a lo que a las denuncias falsas se refiere. Las penas existentes en caso de denuncia falsa, la protección de la víctima, el rechazo social al maltrato y la aceleración de las consecuencias civiles en casos de divorcio cuando media violencia, han provocado que presuntas víctimas sin escrúpulos usen y abusen de la Ley de Violencia como herramienta, defraudando el espíritu de la Ley al objeto de favorecer sus intereses en la tramitación de un divorcio, intentando conseguir situaciones más ventajosas. Afortunadamente no son muchos los casos, pero estos existen.

 

Si el denunciado consigue hacer prevalecer su inocencia, no todo acaba bien. Un proceso de este tipo supone un importante impacto personal, un gasto económico y un agravio por la reputación. Mientras que el denunciante sólo ha tenido que invertir el tiempo de la denuncia.

Para prevenir y sancionar estos casos el Código Penal a su artículo 456 incluye el delito de denuncia o acusación falsa. Este delito busca perseguir conductas que perjudiquen el buen funcionamiento de la Administración de justicia, obligando a malgastar el tiempo y los recursos de los tribunales en unos hechos falsos, y al mismo tiempo resarcir el honor del denunciado.

Este delito pide los siguientes requisitos para poderse aplicar (sentencias 190/2014 Audiencia Provincial de Sevilla y 564/2016 de la Audiencia de Zaragoza):

  • Hace falta que la persona denunciando conozca la falsedad de los hechos que expone. En este sentido es suficiente para constituir el delito que el denunciante se pueda figurar que los hechos son falsos o actúe con temerario desprecio a la verdad. Un ejemplo sería denunciar hechos que no se han visto o que los han explicado terceras personas. También sería falsedad que el denunciante diga que tuvo una relación sentimental con el denunciado sin ser cierto (sentencia Audiencia Provincial de Ciudad Real 114/2014 de 30 de septiembre).
  • Hace falta que la acusación se haga directa y explícitamente contra una persona o personas determinadas, no que se exprese una simple sospecha.
  • Hace falta que se hayan denunciado hechos que constituyan un ilícito penal.
  • Hace falta que la denuncia o la acusación se hagan ante funcionario que tenga la obligación de investigar estos hechos (puede ser tanto denuncia a la policía como declaración ante un juez, por ejemplo).
  • Hace falta que el acusado sea absuelto por sentencia firme o por resolución judicial que acuerde el sobreseimiento.

Si se dan estas circunstancias se está ante una denuncia falsa y, aunque la justicia haya esclarecido finalmente los hechos, se ha causado un perjuicio a la vida y la reputación del perjudicado. Es por eso que recomendamos a todas las personas que hayan sufrido una situación como esta que se ponga en contacto con CALDUCH ABOGADOS para conseguir la asistencia jurídica que necesita.